El gobierno español también aprobó la renovación automática de los contratos para intentar frenar la crisis de vivienda que provocó la masiva protesta en Madrid.
El presidente de España, Pedro Sánchez, aprobó hoy un decreto para frenar los desalojos hasta 2030 y renovar automáticamente los contratos de alquiler.
La medida, bautizada como “Decreto Maricarmen”, fue anunciada por la ministra de Sanidad de España, Mónica García, y ahora deberá ser debatida y votada en el Congreso, con fecha prevista para este viernes.
El anuncio se da en medio de una ola de protestas que se intensificó tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una jubilada madrileña de 87 años.
Miles de personas mantienen un acampe en la Puerta del Sol de Madrid, epicentro de las manifestaciones que exigen soluciones urgentes a la crisis habitacional.
El reclamo, impulsado por el Sindicato de Inquilinas y diversas plataformas sociales, logró que el gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar avanzara con un paquete de medidas que busca dar respuesta a la emergencia.
Qué incluye el plan del gobierno para frenar los desalojos
El paquete anunciado contempla la prórroga de los contratos de alquiler vigentes hasta el 31 de diciembre de 2028, la regulación de alquileres temporarios y por habitaciones, y la paralización de los desalojos hasta 2030. Además, se prohibirá la compra de viviendas por parte de los llamados fondos buitre.
El gobierno también alcanzó un acuerdo para la renovación automática de los alquileres, que será implementada en un segundo decreto.
La ministra García agradeció a quienes se movilizaron: “Es el momento de intervenir en el mercado especulativo de la vivienda y empezar a equilibrar la balanza entre ciudadanía y fondos buitre. Gracias a las movilizaciones y las acampadas. Sin vosotras esto no hubiera sido posible”.
Mientras tanto, la oposición del Partido Popular (PP) rechazó de plano las medidas. La portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, cuestionó: “En 24 horas el gobierno quiere arreglar lo que ha destruido en ocho años. Las medidas van orientadas todavía más a destruir el mercado de la vivienda”. Además, criticó la falta de mayoría parlamentaria del oficialismo de cara a la votación del viernes.
El trasfondo: una crisis de vivienda que golpea a toda España
España atraviesa una grave crisis de vivienda, con precios de alquiler que suben más rápido que los salarios y un déficit de construcción que no logra cubrir la demanda. Según el Banco de España, el país arrastra un déficit de 750.000 viviendas, que podría superar el millón en 2028, casi el doble que en Italia.
El precio medio del alquiler, de 1176 euros (1337 dólares), representa casi el 98,7% del salario medio mensual, según el Consejo de la Juventud de España. El auge del turismo y la falta de acceso a la vivienda propia empujaron a más personas al mercado de alquiler, agravando la situación.
La problemática no es exclusiva de España: en Berlín, el partido La Izquierda (Die Linke) ganó las elecciones regionales prometiendo nacionalizar asociaciones privadas de vivienda y garantizar precios accesibles.
Reclamos y antecedentes: qué piden los inquilinos y cómo se llegó a este punto
Durante la pandemia, España aprobó una ley para proteger a los inquilinos vulnerables, pero la norma expiró en marzo tras el rechazo de la oposición a su prórroga.
Desde entonces, las asociaciones de inquilinos reclaman la renovación automática de los contratos, similar a lo que ocurre en Holanda, Austria y Alemania, y la prohibición de desalojos sin justificación, como en Reino Unido.
Entre las demandas figura que, si un propietario no puede justificar la no renovación, deba indemnizar al inquilino con un mes de alquiler por cada año de residencia. También piden la regulación de alquileres por habitaciones y la congelación de precios.
El anuncio del gobierno llegó mientras decenas de personas seguían acampando en la Puerta del Sol, pese al ultimátum de la Comunidad de Madrid para desalojar la plaza. Incluso, la presión social logró frenar un nuevo desalojo en las inmediaciones, según medios locales.
