Godoy apoya, Capitanich rechaza y Schneider no define su posición.
La sesión de hoy en el Senado para debatir la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, conocida como "ley de Tierras", se espera con gran expectativa por la ajustada composición parlamentaria y la posibilidad de un empate.
En el Chaco, el senador Juan Cruz Godoy, de La Libertad Avanza, confirmó que acompañará el proyecto oficial impulsado por el Poder Ejecutivo. En tanto, Jorge Capitanich, exgobernador y senador del bloque Popular, manifestó su rechazo y presentó un dictamen de minoría junto a otros legisladores opositores.
La senadora radical Silvana Schneider representa la incógnita, ya que, pese a haber sido electa por la UCR, suele apoyar al oficialismo en votaciones trascendentales. NORTE intentó comunicarse con ella y su equipo sin obtener respuesta.
Este proyecto llega tras un extenso proceso parlamentario que incluye la decimosexta versión del dictamen y la quinta presentación en el recinto, luego de varias negociaciones y ajustes para conseguir los votos necesarios.
Entre los cambios más destacados está la definición del gobierno de mantener un tope del 25% para la compra de tierras rurales por extranjeros, en lugar de eliminarlo completamente, y permitir que las provincias establezcan límites más restrictivos. La legislación vigente fija un tope del 15%.
El oficialismo estima reunir 35 votos y la oposición 33, con algunas incertidumbres y la eventual participación de dos senadores que solicitaron votar a distancia por razones de salud. En caso de empate, podría abrirse un debate sobre si el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, puede ejercer el voto de calidad.
Además, la vicepresidenta Victoria Villarruel no presidirá la sesión debido a que el presidente Javier Milei se encuentra de viaje por Ecuador y Colombia, quedando la conducción a cargo de Abdala.
El proyecto no sólo modifica el régimen de propiedad de tierras rurales, sino que introduce cambios en las leyes de expropiaciones, regularización dominial, manejo del fuego, registro de la propiedad inmueble y procedimientos de desalojo.
Desde el gobierno sostienen que la iniciativa busca fortalecer la protección de la propiedad privada, brindar mayor seguridad jurídica y atraer inversiones. Por su parte, Capitanich sostiene que se trata de una ley ómnibus que flexibiliza la extranjerización de tierras rurales, debilita la protección de recursos estratégicos y normas ambientales, y reduce la capacidad regulatoria del Estado.
