Entre las designaciones, un exsecretario de Lijo asume en un juzgado que investiga a la AFA y a Martín Insaurralde
El Poder Ejecutivo nacional formalizó 33 designaciones en el ámbito del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Mediante 28 decretos publicados en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei designó a 21 magistrados, seis conjueces, cuatro fiscales y dos defensoras públicas para cubrir cargos nacionales y federales en la Ciudad de Buenos Aires y diversas provincias.
Uno de los nombramientos más destacados es el de Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien fue designado juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora. Rodríguez Ponte se desempeñó anteriormente como secretario del juez federal Ariel Lijo y estuvo al frente de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado.
Este juzgado, que hasta ahora era subrogado por el juez federal de Quilmes Luis Armella, tiene competencia en una jurisdicción estratégica que incluye el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el complejo penitenciario federal de esa localidad. Entre las causas que tramitan allí se encuentran investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucran al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y a su expareja Jesica Cirio.
Además, el tribunal interviene en una causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas con la Asociación del Fútbol Argentino y la financiera Sur Finanzas, donde está imputado el empresario Ariel Vallejo, por sus supuestos vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Otras designaciones incluyen a jueces y camaristas en tribunales penales y laborales de la Capital Federal, así como vocales en distintas cámaras federales del interior del país, como en Resistencia, Salta y Mar del Plata.
En el Ministerio Público Fiscal fueron nombrados varios fiscales federales para distintas unidades, y en el Ministerio Público de la Defensa, dos defensoras públicas asumieron cargos en la Capital Federal y Río Negro.
Todos los nombramientos se realizaron tras la aprobación y acuerdo otorgados por el Senado de la Nación.
