La Casa Rosada coordina con Washington la firma para reemplazar el convenio vigente desde 1997.
El Gobierno nacional está en las etapas finales para firmar un nuevo acuerdo de cooperación nuclear con Estados Unidos antes de que termine el año, con el propósito de reemplazar el convenio vigente desde 1997. Desde la Casa Rosada informan que la redacción ya fue finalizada y que la Cancillería está coordinando con Washington los detalles para concretar la firma.
Se trata del Acuerdo 123, que toma su nombre de la sección de la ley estadounidense que regula este tipo de acuerdos de cooperación nuclear civil. El acuerdo actual entró en vigor el 16 de octubre de 1997 y tiene una duración de 30 años, con vencimiento previsto para el 16 de octubre de 2027.
La negociación se aceleró durante la reunión del Comité Permanente Conjunto de Cooperación en Energía Nuclear entre la Argentina y Estados Unidos (JSCNEC), que se llevó a cabo en Washington del 25 al 27 de febrero. La delegación argentina estuvo encabezada por Federico Ramos Nápoli, secretario de Asuntos Nucleares, y la estadounidense por Gonzalo Suárez, funcionario del Departamento de Estado.
Además, participaron representantes de Cancillería, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Autoridad Regulatoria Nuclear, Nucleoeléctrica, la Embajada argentina, el Departamento de Estado, el Departamento de Energía, la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, la Comisión Reguladora Nuclear estadounidense y el Departamento de Comercio.
Una declaración conjunta difundida tras el encuentro ratificó el compromiso de finalizar rápidamente el nuevo texto que sustituirá al acuerdo vigente.
Desde Nación destacan que la redacción quedó concluida en la reunión de febrero y que en esta etapa se avanza en la coordinación diplomática para la firma. Es importante aclarar que este convenio no implica por sí mismo la contratación de empresas ni la compra de reactores, sino que define el marco legal para futuras transferencias de tecnología, equipamiento y materiales nucleares.
Este punto es fundamental porque la legislación estadounidense exige un Acuerdo 123 para autorizar exportaciones de reactores, componentes críticos y ciertos materiales nucleares, además de facilitar intercambios técnicos, investigación y cooperación en salvaguardias. El Departamento de Estado lidera la negociación con el apoyo del Departamento de Energía y la Comisión Reguladora Nuclear.
La Casa Rosada también toma como referencia el reciente acuerdo firmado por Paraguay con Estados Unidos el 4 de agosto, un Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Nuclear Civil Estratégica. Sin embargo, aclaran que ese instrumento no equivale a un Acuerdo 123 y no habilita exportaciones nucleares.
Argentina ya cuenta con este marco legal desde hace casi treinta años, luego de firmar el acuerdo en Buenos Aires el 29 de febrero de 1996 y aprobarlo por ley en agosto de 1997. Por eso, la firma prevista para este año no implica la inmediata vigencia del nuevo convenio.
En Estados Unidos, los Acuerdos 123 deben pasar un proceso de revisión en el Congreso que dura 90 días de sesiones continuas. Si se cumplen los requisitos de no proliferación, el acuerdo puede entrar en vigor terminado ese plazo, salvo que el Congreso lo rechace mediante resolución conjunta.
La discusión bilateral también abarca la cooperación en tecnologías nucleares avanzadas, como reactores modulares pequeños (SMR), regulación, licenciamiento, protección física, seguridad nuclear y ciberseguridad.
En junio, la CNEA y la Oficina de Seguridad Nuclear Internacional estadounidense organizaron en Buenos Aires un taller sobre protección física, gestión de riesgos y ciberseguridad en instalaciones nucleares, parte de los acuerdos bilaterales y un proceso de capacitación continua.
Finalmente, esta agenda coincide con el interés oficial por atraer capital estadounidense al sector nuclear argentino. En julio, el Gobierno presentó la propuesta de Meitner Energy para desarrollar un reactor modular de aproximadamente 300 MW en el complejo Atucha, con una inversión privada estimada en US$1200 millones. Esta iniciativa todavía debe pasar aprobaciones y licenciamiento y es independiente del Acuerdo 123, aunque refleja el tipo de participación que se busca ampliar.
